La Marea Blanca ahoga las privatizaciones de la Sanidad madrileña

Marea Blanca es el significativo nombre que adoptaron en 2013 diferentes colectivos de la Comunidad de Madrid para denominar a las movilizaciones populares con las que se apuntaron a defender la sanidad pública y, en especial, para protestar contra sus recortes económicos y contra los proyectos de privatización autonómicos.

El detonante de las protestas fue el plan de privatización de la Sanidad madrileña presentado por Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, y apoyado por el consejero de Sanidad autonómico, Javier Fernández Lasquetty en 2012, un plan que preveía la gestión privada de seis hospitales y de 27 centros de salud de Madrid.

Manifestación Marea Blanca defensa Sanidad Publica Madrid

Fuente imagen: Infolibre

En una histórica rueda de prensa, González anunciaba que la única forma de seguir ofreciendo servicios de calidad a los madrileños y garantizar la viabilidad del modelo público de atención sanitaria pasaba por la entrega a la gestión privada de los recursos.

La Comunidad de Madrid cifraba el ahorro anual que las medidas de privatización iban a lograr en unos 169 millones de euros. Sin embargo, el presidente de la Comunidad, no no desveló en ninguna de las comparecencias parlamentarias o ante la prensa posteriores cómo se iban a desglosar esos ahorros.

Marchas

El éxito de una primera marcha reivindicativa se convirtió desde 2013 en una convocatoria regular de protestas en la calle y coincidiendo con los terceros domingos de cada mes. El éxito de las jornadas de protesta de la Marea Blanca madrileña se extendieron poco después a otras comunidades autónomas en las que otros recortes en la Sanidad regionales han sido también motivo de debates públicos y de enfrentamientos entre los pacientes, los profesionales médicos y los representantes políticos.

Las protestas puntuales en la calle se han ido coordinando a lo largo del tiempo y retroalimentándose con huelgas de batas blancas, con paros del personal sanitario, con encierros en dependencias hospitalarias, y más aún, con dimisiones de gran número de directores de centros de salud y de hospitales públicos en Madrid.

Los colectivos profesionales de la Sanidad de Madrid temen que la pérdida de puestos de trabajo sea imparable en el sector sanitario, no sólo por los recortes de la Sanidad Pública, sino como consecuencia de otras acciones menos visibles, como algunas que se han sucedido en la Comunidad de Madrid entre 2012 y 2014 y que han tenido un fuerte impacto en el empleo en el sector en la región, como los cierres del Centro de Salud Mental de Madrid, el del Instituto de Cardiología y los servicios de lavandería y de limpieza de los hospitales de la región.

El movimiento de la Marea Blanca en Madrid consiguió un hito histórico en sus reivindicaciones, y después de quince manifestaciones, celebrar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid suspendía cautelarmente las privatizaciones de hospitales y la gestión de centros de atención primaria, y, como consecuencia de ello, el Gobierno de la Comunidad de Madrid dejaba ‘sin efecto’ su plan privatizador de los hospitales Infanta Cristina, Infanta Leonor, del Henares, del Sureste, del Tajo e Infanta Sofía.

Dos éxitos más que se apuntaron las marchas de la Marea Blanca y las protestas en los hospitales fue la paralización del proyecto de reconversión del Hospital de La Princesa y la anulación del plan de pago de un euro por receta.

El Hospital de La Princesa, que se ha destacado como el más combativo en las movilizaciones de la Marea Blanca, iba a convertirse en un centro de atención a personas de la tercera edad según el plan de la Comunidad. Finalmente, el hospital mantuvo su actividad hospitalaria general pero se incorporó un módulo especializado para la atención a mayores de 75 años.

Otra victoria de la movilización de Marea Blanca fue la paralización judicial de la adjudicación de la gestión privada de la media docena de centros de salud de Madrid, recursos que presentaron colectivos profesionales médicos de la Comunidad de Madrid, sindicatos y partidos políticos.

En cualquier caso, se tratan de victorias, en unos casos, momentáneas que están a la espera de las resoluciones judiciales definitivas, y, en otros, hitos de una reivindicación que seguirá prolongándose en el tiempo y que enfrenta a dos modelos aparentemente irreconciliables para organizar la Sanidad Pública.

Por un lado, una clase política que asegura defender el sostenimiento de una Sanidad Pública con menos recursos económicos como consecuencia de la crisis, y, por otro, un colectivo profesional sanitario y una ciudadanía que se resiste a borrar las ventajas de una asistencia sanitaria que es la parte más visible de lo que se ha dado en llamar la sociedad del bienestar.